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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) juramentó a los integrantes e instaló mesas para el escrutinio final, voto por voto, del proceso electoral del pasado domingo cuentan con la presencia de la Fiscalía, Procuraduría General y Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros representantes.

El TSE inició este 6 de febrero el escrutinio final, voto por voto, de las elecciones presidenciales y legislativas que se llevaron a cabo el pasado domingo en medio de polémicas por la candidatura, a la reelección presidencial, de Nayib Bukele.

En este proceso, el ente colegiado afirmó que se aplicará el artículo 216 del Código Electoral, lo que significa la apertura de las urnas para un conteo voto por voto.

Son 51 las mesas que realizarán el proceso fueron instaladas en un hotel de San Salvador y contarán con la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

La magistrada presidente del TSE, Dora Esmeralda Martínez, explicó que las mesas también contarán con representación de todos los partidos políticos, observadores internacionales y personal técnico del organismo colegiado.

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A 32 años de la firma de los Acuerdos de Paz, salvadoreños conmemoran marchando contra Bukele

Este martes se conmemora el trigésimo segundo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador. Sin embargo, el país enfrenta deudas pendientes con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y un proceso de desmantelamiento democrático, denuncian organismos de derechos humanos. 

Primera modificación: 17/01/2024 – 00:05

5 min

Imagen de archivo. Una multitud muy numerosa celebra la firma de los Acuerdos de Paz en la Plaza de la Libertad de San Salvador, el 16 de enero de 1992.
Imagen de archivo. Una multitud muy numerosa celebra la firma de los Acuerdos de Paz en la Plaza de la Libertad de San Salvador, el 16 de enero de 1992. AFP – PEDRO UGARTE

Por:Jorge Hurtado

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El 16 de enero de 1992, hace 32 años, el Gobierno salvadoreño y la guerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, firmaron los históricos Acuerdos de Paz en México con la mediación de Naciones Unidas.

El Salvador conmemora el trigésimo segundo aniversario de la firma que marcó el cese de la guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1992. Pero hoy en día aún persisten deudas pendientes con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mientras opositores denuncian un debilitamiento de la democracia y avances judiciales que, según las evaluaciones de las ONG Cristosal y Tutela Legal, se consideran «neutralizados».

Pese al hito de alcanzar la Paz, «lamentablemente los gobiernos de turno y el poder militar impidieron el cumplimiento de esta agenda de los Acuerdos de Paz relacionada a los derechos de las víctimas», recuerda David Morales, de la organización humanitaria Cristosal. En su opinión esos derechos fueron discriminados mientras se protegió a los victimarios, además de «otras prácticas de impunidad».

Morales, quien representa a los sobrevivientes de la masacre de El Mozote en un proceso penal, recuerda que en 2016 se eliminaron los obstáculos para juzgar a los responsables de crímenes de guerra con la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía de 1993.

La masacre, ocurrida en diciembre de 1981, durante la guerra civil en el país, fue perpetrada por el Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño, y se estima que al menos 978 personas, incluyendo 552 niños, fueron asesinadas. De hecho, es considerada la mayor masacre en América Latina durante el siglo XX.

El fallo de 2016 de la Sala de lo Constitucional permitió la reapertura de procesos penales que estuvieron cerrados por décadas, como el caso de El Mozote o la masacre de seis sacerdotes jesuitas en 1989, entre otros. Alejandro Díaz, de la organización Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, afirma que «se ha neutralizado lo que es esta (resolución de) inconstitucionalidad. Se han estancado estos casos», afirma. 

Los reclusos se sientan mientras los agentes de policía inspeccionan las celdas y las pertenencias de los reclusos, mientras El Salvador lleva a cabo redadas exhaustivas en las prisiones como parte del plan de control territorial, en El Salvador , el 10 de enero de 2024, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo distribuido. Presidencia de El Salvador
Los reclusos se sientan mientras los agentes de policía inspeccionan las celdas y las pertenencias de los reclusos, mientras El Salvador lleva a cabo redadas exhaustivas en las prisiones como parte del plan de control territorial, en El Salvador , el 10 de enero de 2024, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo distribuido. Presidencia de El Salvador © ©Reuters

Un Gobierno a espaldas de los Acuerdos

Este año se cumple el quinto aniversario de la omisión por parte del Gobierno de Nayib Bukele y el Estado salvadoreño de llevar a cabo actos conmemorativos por la firma de los Acuerdos de Paz. Este distanciamiento se origina en la declaración del presidente, quien calificó dichos acuerdos como una «farsa».

En el año 2020, Bukele respaldó activamente el bloqueo de una serie de diligencias dirigidas por el juez Jorge Guzmán, encargado del caso El Mozote, dentro de los archivos militares. El juez solicitó a la Fiscalía que investigara si el presidente salvadoreño y sus mandos militares estaban implicados en algún delito.

Díaz afirma que el impacto de las acciones del Ejecutivo de Bukele y del Congreso, dominado mayoritariamente por el oficialismo, dejó huella en los casos judiciales, especialmente después de la destitución irregular de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021 y la remoción de jueces, incluyendo a Guzmán. 

Morales opina que todos los altos mandos de la Fuerza Armada y presidentes civiles, incluido Bukele, tienen una postura de bloquear investigaciones y «proteger criminales de guerra».

Lamentó que con la actual Administración «se está afincando nuevamente un dictadura en El Salvador y la militarización está alcanzado niveles mucho mayores» a los registrados en gobiernos anteriores. 

El analista advirtió de un «desmantelamiento de la división de poderes y socavamiento de la independencia judicial que ha promovido el Gobierno de Bukele y su bancada legislativa, limitando las posibilidades de alcanzar justicia en los casos de crímenes de la guerra».

Además de esto, desde marzo de 2022, Bukele ha mantenido a El Salvador bajo un estado de excepción, generando inquietudes sobre el respeto de los derechos fundamentales y sobre el funcionamiento de las instituciones. 

En virtud de este régimen, se han suspendido diversas garantías constitucionales, incluyendo la libertad de movilidad transfronteriza, la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la defensa, así como la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones. Todo esto, según el Gobierno, para combatir al crimen organizado y reducir los índices de criminalidad. 

Un hombre sostiene un cartel que dice " La reelección es ilegal" durante una protesta para conmemorar el 32º aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la Guerra Civil de El Salvador , en San Salvador , El Salvador , el 14 de enero de 2024.
Un hombre sostiene un cartel que dice » La reelección es ilegal» durante una protesta para conmemorar el 32º aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la Guerra Civil de El Salvador , en San Salvador , El Salvador , el 14 de enero de 2024. © Jessica O la lana / Reuters

Este prolongado estado de excepción despertó las críticas de organismos de derechos humanos y ha planteado interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la preservación de las libertades individuales en El Salvador.

Protestan contra Bukele para conmemorar aniversario de los Acuerdos 

​​Este domingo, cientos de salvadoreños conmemoran el 32 aniversario del cese de la guerra civil en El Salvador. Lo hicieron protestando contra el Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien busca la reelección a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

Unas 500 personas, entre sindicalistas, veteranos de guerra, líderes políticos de la oposición y familiares de aquellos detenidos durante el régimen de excepción, marcharon por las arterias principales del Centro Histórico de San Salvador.

Entre los reclamos estaban la «reelección inconstitucional» de Bukele, la reducción de beneficios para alrededor de 19.000 veteranos de guerra y demandaron la liberación de personas detenidas en el marco del régimen de excepción.

Los organismos de derechos humanos denuncian más de 200 fallecimientos en las prisiones, junto con alrededor de 6.000 víctimas de abusos, predominantemente vinculados a «detenciones arbitrarias», así como a casos de tortura y allanamientos ilegales.

En uno de los libros que relata la guerra civil salvadoreña publicado en 1991 y llamado ‘Las mil y una historias de Radio Venceremos’, en referencia a la radio clandestina que se convirtió en la voz del FMLN y emitió hasta 1994, el escritor, José Ignacio López Vigil, se preguntaba qué pasaría tras la firma de los Acuerdos de Paz salvadoreños: «¿Quién podrá hablar por la Venceremos?. Todos. Menos los muertos, todos».

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