Constitución obliga a presidente a acatar destitución de director de PNC

La decisión de pedir la destitución inmediata de Mauricio Arriaza Chicas está amparada en el artículo 131 de la Constitución.

Mauricio Arriaza Chicas. Foto EDH

Por Eugenia Velásquez

Dic 18, 2020- 16:59

El artículo 131 de la Constitución de la República obliga al presidente Bukele a acatar la destitución del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, por graves violaciones a los derechos humanos, tras ser recomendada por la Asamblea Legislativa, explicaron abogados constitucionalistas.

Por disposición dice: “Art. 131.- Corresponde a la Asamblea Legislativa… Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de Estado; o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones de los Derechos Humanos”.

El recomendable para destituir a Arriaza fue aprobado el jueves con 58 votos de mayoría calificada por su participación en la irrupción de tropas del Ejército y unidades de la Policía, encabezadas por el presidente Bukele, en el Salón Azul de la Asamblea, en lo que se consideró un golpe de Estado fallido.

ART. 131. ORDINAL 37:

“Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de Estado; o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones de los Derechos Humanos”.

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Es el caso que el informe final de la comisión del 9F concluyó que el director de la Policía cometió “graves violaciones a los derechos humanos”, antes y durante la toma militar de la Asamblea perpetrada el 9 de febrero de 2020, por lo que la petición de los diputados se vuelve de carácter vinculante, es decir, que el presidente Nayib Bukele está obligado a acatarla, según manifestaron los abogados constitucionalistas, René Hernández Valiente y Francisco Bertrand Galindo.

“El presidente lo que tiene que hacer es hacer caso, sino habrá que seguir los procedimientos legales para que se cumpla la resolución, sería vía la Fiscalía, los tribunales o la Sala de lo Constitucional, la parte importante es haber determinado que hubo graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó Bertrand Galindo.

Al respecto, el informe final de la Asamblea aprobado ayer determina que Arriaza Chicas participó de los actos de “intimidación” en las casas de varios diputados de la oposición, el 8 de febrero, un día antes del 9F.

Además, que se violentó el derecho al voto mediante la presión que ejercieron las autoridades de seguridad pública hacia los diputados para votar por un asunto en el que no estaban de acuerdo, cuando los legisladores representan la voluntad popular de la ciudadanía al fungir en sus cargos electos por el sufragio público.

Esto, según el informe legislativo y los diputados de la oposición constituye una violación al derecho al voto consagrado en la Constitución como un derecho humano.

La Ley Orgánica de la Policía también expresa el mandato que tiene el director del ente policial en cuanto a proteger los derechos de los ciudadanos.

En el Artículo 13 de esa normativa se establece que “los miembros de la policía, cumplirán en todo momento los deberes que impone la Ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su función; que respetarán y protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

Del desacato que Bukele ha hecho al mandato de la Asamblea para destituir al director de la Policía, los abogados constitucionalistas explican que incurre en el delito de “desobediencia” y Arriaza Chicas en el de “usurpación de funciones”, ambos sancionados por la normativa penal, por lo que exhortaron al fiscal general, Raúl Melara, hacer valer la Constitución de la República, en el sentido de que el mandato de la Asamblea sea ejecutado.

“El llamado es al fiscal, si la Asamblea ya decidió, si el presidente desobedece, la orden por sí ya está emitida, la ley es vinculante solo para el jefe de Seguridad y para el Director de la OIE. Es contradictorio que Bukele diga que está reformando la Constitución para mejorarla, pero la está violando”, señaló Hernández Valiente.

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