Asamblea prohíbe las plazas “ad honorem” en la administración pública para 2021

Ningún funcionario público podrá ejercer dos o más plazas, ni recibir dos o más sueldos por Ley de Salarios con cargo al presupuesto del Estado, según lo aprobado por los diputados.

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, admitió en mayo pasado que su puesto es ad honorem pero que sí cobra salario por un puesto de asesor jurídico de la Presidencia. Foto Cortesía

Por Milton Rodríguez

Dic 26, 2020- 13:36

Durante la madrugada del pasado 24 de diciembre, y tras maratónica jornada, la Asamblea aprobó con 59 votos, 2 en contra y 1 abstención el Presupuesto General de la Nación 2021. Un aspecto que también dejaron estipulado los diputados es la prohibición de las plazas ad honorem en la Administración Pública para este 2021.

Revisar cuántos funcionarios tienen dobles cargos en el Ejecutivo y por qué, aunque algunos sean “ad honorem”, fue precisamente uno de los objetivos que los diputados fijaron para 2021.ADVERTISING

“Prohíbase las plazas ad honorem en la Administración Pública por la modalidad de Ley de Salarios, contrato o bajo cualquier tipo o modalidad no pudiendo ningún funcionario o empleado público ostentar este tipo de plazas”, reza el artículo 4 del decreto 86 aprobado por los legisladores.

Además, en ese artículo también se detalla que ningún funcionario público podrá ejercer dos o más plazas, ni recibir dos o más sueldos por Ley de Salarios con cargo al presupuesto del Estado.

Según lo aprobado, tampoco se permitirán contratos de servicios profesionales eventuales, ni de seguros médicos a funcionarios.

La prohibición se da en un año en el que se ha conocido de funcionarios con cargos ad honorem en la administración Bukele.

Son varios los funcionarios que están bajo ese concepto y tienen dobles cargos, ya que se desempeñan como ministros o funcionarios de alto nivel de la Presidencia de la República, pero no cobran salario por ese cargo, sin embargo, sí tienen un puesto de asesor por el cual sí tienen asignado un sueldo.

Uno de esos ejemplos es el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quien admitió en mayo pasado que su puesto es ad honorem pero que sí cobra salario por un puesto de asesor jurídico de la Presidencia. El más reciente es el nombramiento del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, como viceministro de Seguridad, cuando él ya ostentaba la dirección policial, algo que la ley orgánica de este cuerpo de seguridad prohíbe. Arriaza Chicas renunció al cargo de viceministro un día antes de la plenaria de desafuero en su contra en la Asamblea.

En las disposiciones se incluye que no se podrá utilizar recursos del Gobierno para financiar directa o indirectamente operaciones de sociedades o empresas que no correspondan a las funciones que que por disposición legal expresa les compete. Esto luego de conocerse que la empresa dueña del diario del Gobierno fue creada con fondos de subsidiarias de CEL.

El decreto también prohíbe hacer modificaciones a la Ley de Salarios para trasladar plazas al Sistema de Contratos que no estén justificadas dentro del marco estipulado por la Ley del Servicio Civil, o por otros instrumentos jurídicos que regulen esta materia, tales como: contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales.

Asimismo, no se podrán utilizar las plazas que estuvieran vacantes al inicio del ejercicio y que tengan un periodo mayor a un año de no ser utilizadas; en tales casos, y si la necesidad del recurso humano se determina que es urgente e ineludible, las instituciones podrán contratar servicios personales de conformidad a las condiciones establecidas en el artículo 83 de las Disposiciones General del Presupuesto.

Dicho decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.

Recortes a propaganda oficial

El proyecto de presupuesto que fue presentado el pasado 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también tuvo algunos recortes financieros, uno de estos ajustes se realizó en las partidas de consultorías y publicidad gubernamental, CEPA, Lotería Nacional de Beneficencia, CIFCO y otras instituciones.

Para cumplir con refuerzos presupuestarios a ciertas instituciones, como la Corte de Cuentas y el TSE, se realizaron reducciones por un total de 450.12 millones de dólares a diferentes carteras, entre ellas: a la Presidencia de la República se le reduce 47.1 millones de dólares; 27 millones a Hacienda y 27.6 millones a Defensa.

Una de las principales modificaciones al plan de gastos es lograr subir de $204 a $307 mensuales las pensiones mínimas.

Fuente.elsalvdaor.com

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