A estudio anteproyecto de Ley de la Corte de Cuentas


Sujetos a la fiscalización y control de la Corte están todas las entidades y organismos del sector público, sus servidores, terceros y particulares que por cualquier vía administren recursos públicos. Así como organismos y personas de derecho privado que, sin ser parte del sector público, reciban donaciones, asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos, tales como los fideicomisos, subsidios, comodatos, concesiones o cualquier otro mecanismo de administración de fondos y bienes públicos.

Por: María Teresa GutiérrezLunes 22 de febrero de 2021Fotografía: Cortesía

El legislador Mauricio Vargas (ARENA) presentó una pieza de correspondencia que contiene un anteproyecto de Ley de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador (CCR), a fin de establecer un proceso expedito que permita al servidor público el ejercicio de su derecho de defensa, así como al Estado realizar una pronta y cumplida justicia, mediante la modernización del juicio de cuentas por audiencias.

Entre los reparos para promover la referida iniciativa, se señala que el Capítulo V  de la Constitución establece las atribuciones de la CCR, y mandata que una Ley especial regulará su funcionamiento, jurisdicción, competencia y régimen administrativo, por lo que debe darse efectivo cumplimiento a dichos preceptos para que de forma oportuna se realice la fiscalización sobre la administración de los recursos públicos.

Entre los sujetos a la fiscalización y control de la Corte están todas las entidades y organismos del sector público, sus servidores, terceros y particulares, que por cualquier vía administren recursos públicos, así como entidades, organismos y personas de derecho privado que, sin ser parte del sector público, reciban donaciones, asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos, tales como los fideicomisos, subsidios, comodatos, concesiones o cualquier otro mecanismo de administración de fondos y bienes públicos.

La actual Ley de la CCR fue aprobada por Decreto Legislativo en  agosto de 1995. En su momento, constituyó un paso trascendental en la modernización del Estado y especialmente en el manejo y transparencia de las finanzas públicas. No obstante, para el diputado Vargas  “han trascurrido 23 años, tiempo que se han emitido nuevas disposiciones legales y han sido creadas entidades, sujetas al control de este organismo de fiscalización, por lo que se vuelve imperativo su actualización”.

De acuerdo con el parlamentario, entre las novedades introducidas en el cuerpo normativo está la introducción de un régimen de beneficio de protección para personas o empleados que participen en calidad de testigos en procesos que avanecen en fase de imputación de delitos; la preservación de la independencia de los auditores internos de cada institución pública, de las fases propias de los equipos de la CCR y los procesos de juicio de cuentas, así como la modernización de los procesos de  juicios de cuentas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *